Malvinas y el dilema de una diplomacia sin fuerza en la administración de Javier Milei.

Mia Sinopoli

La Cuestión de las Islas Malvinas, entendida como la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene su origen el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable. Es importante destacar que la Cuestión de Malvinas ha tenido sus altos y bajos a lo largo de las distintas administraciones de turno. 

En cuanto a las administraciones anteriores, durante el gobierno de Mauricio Macri se buscó recomponer las relaciones con el Reino Unido, dentro de una política exterior más orientada al acercamiento con potencias occidentales y a atraer inversiones. En ese marco, la Cuestión Malvinas perdió centralidad en la agenda diplomática. El punto más importante fue el comunicado conjunto Foradori-Duncan (2016), que planteó avanzar en cooperación en temas como pesca, vuelos y exploración hidrocarburífera sin exigir avances en la soberanía. Esto generó críticas por parte de sectores nacionalistas y de la oposición, que consideraron que se trataba de una “política de desmalvinización” o de concesiones al Reino Unido.

Con el cambio de signo político, el gobierno de Fernández revirtió esa línea y volvió a priorizar la causa Malvinas como una cuestión central de soberanía y memoria nacional. Se creó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y se impulsaron acciones diplomáticas en organismos internacionales (ONU, CELAC, OEA) para reafirmar el reclamo argentino. También se aprobó una Ley de Límites de la Plataforma Continental (2020) y se buscó desarrollar la presencia científica y logística en el Atlántico Sur. La política fue más soberanista y multilateral, insistiendo en el diálogo, pero sin renunciar al reclamo histórico.

Ahora bien, desde la asunción de Javier Milei a la presidencia argentina, se han multiplicado las controversias en torno a la Cuestión Malvinas, lo que reabre el debate sobre la postura de la actual política exterior respecto a este tema.

Desde la alusión al principio de autodeterminación de los pueblos en el aniversario 43º de la guerra de Malvinas, un argumento que históricamente ha sido utilizado por el Reino Unido para justificar la continuidad del dominio británico sobre las islas, y no por la Argentina, que sostiene el principio de integridad territorial como fundamento de su reclamo; hasta la admiración de Milei por Margaret Thatcher, figura emblemática del conflicto bélico de 1982, esto profundizó la controversia, al confrontar directamente con la memoria colectiva argentina y con la figura de los caídos y veteranos de la guerra. 

También podemos mencionar la falta de comunicado por parte de Cancillería el 10 de junio, día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, en homenaje a la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, el 10 de junio de 1829.

Durante la última Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel en ciertas votaciones, rompiendo con el tradicional bloque latinoamericano y del Sur Global que históricamente respaldó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. Este distanciamiento de los aliados regionales y del consenso latinoamericano generó preocupación, ya que América Latina había sido un sostén constante en los foros multilaterales para exigir al Reino Unido la reanudación de las negociaciones bilaterales. 

Al mismo tiempo, trascendieron versiones sobre posibles contactos reservados o negociaciones informales con autoridades británicas, orientadas a reactivar mecanismos de cooperación económica o científica en el Atlántico Sur, sin condicionarlos al tema soberano. 

En conjunto, estas señales revelan una reconfiguración de prioridades en la diplomacia argentina, en la que la Cuestión Malvinas parece ocupar un lugar subordinado frente a la búsqueda de acercamientos con potencias y alineamientos geopolíticos globales, incluso a costa de tensiones con la memoria histórica y los aliados tradicionales.

Para el Reino Unido, la cuestión Malvinas no es algo tomado a la ligera. Por un lado, representa la puerta de entrada a la Antártida, ya que esta es legitimada a través de la ocupación de las islas. Por otro lado, busca consolidar un modelo extractivo en Malvinas que va más allá de la pesca, sino que se orienta también hacia los hidrocarburos.

En cuanto a la pesca, el régimen extractivo ilegal de pesca en Malvinas representa para el Reino Unido unos 750 millones de dólares por año, con un total estimado de más de 26.000 millones de dólares obtenidos en 35 años. En valor de mercado, esa cifra podría llegar a superar los 100.000 millones, lo que convierte a la pesca en la principal fuente de ingresos del enclave británico y en un pilar económico estratégico para sostener su presencia en el Atlántico Sur.

La secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, ha acompañado la política de este gobierno y del presidente quien le ha asignado derechos a los isleños británicos, además apoyar el Pacto Mondino-Lammy que reedita el Pacto Foradori-Duncan, que entre otras cosas facilita la pesca ilegal británica y los vuelos a San Pablo que contribuirían a la comercialización de los productos pesqueros apropiados en las aguas argentinas de Malvinas.

Por el lado de los hidrocarburos, que constituye la controversia más reciente, con tan solo unas semanas, Cancillería anunció actividades de exploración y explotación de hidrocarburos de la empresa Navitas Petroleum en las Islas Malvinas, calificadas como “ilegales” por no contar con autorización de las autoridades argentinas. El informe de Navitas indica que, en el pico de producción, Gran Bretaña podría recibir ingresos anuales de 390 millones de dólares a través de impuestos y regalías. 

Esta cuestión, presentada ante la opinión pública británica y los organismos internacionales como una práctica rutinaria de gobierno y comercio, en realidad tiende a normalizar la explotación petrolera y a invisibilizar tanto el trasfondo histórico como las resoluciones de derecho internacional (que establecen que no pueden desarrollarse actividades extractivas unilaterales mientras las islas sean consideradas un territorio en disputa). 

Frente a esta situación es que Cancillería sacó un comunicado repudiando estas actividades, haciendo alusión a las resoluciones de Naciones Unidas que lo prohíben, como la 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificar unilateralmente la situación mientras persista la disputa de soberanía. Aún así, este reclamo también debe apoyarse en una batería de legislación nacional que refuerza el reclamo y busca proteger los recursos naturales del Atlántico Sur.

Entre las normas más relevantes se encuentra la Ley 26.659, donde se prohíbe la exploración y/o explotación de petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno argentino.

Además, la Ley 27.757, que fija los límites exteriores de la plataforma continental argentina, consolidó jurídicamente la extensión de los derechos soberanos del país sobre los fondos marinos, conforme a lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Esto significa que cualquier explotación de hidrocarburos o minerales en esas zonas sin autorización argentina constituye una violación al derecho internacional y a la legislación interna.

Entonces es aquí es donde surge la pregunta: ¿Alcanza con simplemente repudiar estas prácticas? En un contexto internacional de tensiones energéticas, crisis en el transporte y transición energética incompleta, campos offshore como Sea Lion adquieren un valor estratégico que trasciende su tamaño: la ubicación y la capacidad de extracción mediana convierten a Malvinas en un as bajo la manga británica que Argentina no puede permitirse ignorar.

Frente a esto, la respuesta no puede limitarse a protestas formales; debe haber una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que ejerza la diplomacia en respaldo de sus propios reclamos, no extranjeros. También requiere una estrategia energética soberana y de Estado. Debe haber sanciones contundentes, como la inhabilitación de empresas petroleras que efectúen actividad ilegal, tal como ocurrió bajo la gestión de Alberto Fernández en el año 2021. Argentina debe afirmar con claridad su reclamo, reforzar la regulación y la fiscalización, garantizar participación activa de YPF, asegurar beneficios para las provincias involucradas y no permitir que los discursos de cooperación camuflen acuerdos desiguales, entre otras medidas necesarias a plantearse en el próximo tiempo.

Referencias

Berardi, L. (2021). Observatorio de Política Exterior Argentina (OPEA). Columna: “Malvinas, hidrocarburos y sanciones”. Disponible en: https://www.opeargentina.org/post/malvinas-hidrocarburos-y-sanciones

Lérena, C. (2025). Escenario Mundial: “Las Jornadas de Cancillería y pesca omiten la pesca ilegal en alta mar y Malvinas”. Disponible en:https://www.escenariomundial.com/2025/09/06/las-jornadas-de-cancilleria-y-pesca-omiten-la-pesca-ilegal-en-alta-mar-y-malvinas/

Maidana, A. (2025). Diario Conclusión: “Malvinas, la explotación energética y un embajador con olor a petróleo”. Disponible en: https://www.conclusion.com.ar/politica/malvinas-la-explotacion-energetica-y-un-embajador-con-olor-a-petroleo/09/2025/?utm_source=chatgpt.com