• Observatorio de Política Exterior Argentina

El caso Milagro Sala

Por Gustavo Insaurralde


El sábado pasado, el presidente Macri ha brindado una conferencia de prensa en la cual fue interpelado sobre el arresto de la dirigente social Milagro Sala. El tema ha salido publicado en diversos medios nacionales e internacionales debido a las presiones internacionales recibidas por la actual administración, esta vez, llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta protesta se suma a las realizadas por la organización Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

Más allá de las presiones internacionales, la administración actual sigue firme en su posición e invita a la comisiones de los diferentes organismos internacionales a observar la situación judicial y física de la dirigente en la cárcel de Alto Comedero en la provincia de Jujuy.

Indudablemente, el caso de Milagro Sala es un revés en la política exterior de la actual administración y el golpe más duro es el recibido por la política de derechos humanos. Una de los puntales básicos de poder blando de la política exterior argentina es la política de derechos humanos. A pesar de que fue una carta utilizada por diversas administraciones, en la larga década kirchnerista se transmutó en una política clave de la nueva inserción. De esta manera, esta política se caracterizó por fomentar líneas de acción teniendo en cuenta tres ejes: el reconocimiento de los crímenes de la dictadura de los años 70-80 y la construcción de instrumentos internacionales acorde (cooperación sur-sur en el campo de antropología forense, la creación del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada en el sistema de Naciones Unidas), la valorización de la democracia como único régimen aceptable en el medio regional, evidenciado en la defensa del estado de derecho en diversas ocasiones (golpe de estado parlamentario en Honduras de 2009, el intento de golpe de estado en Ecuador de 2010, la destitución del presidente Fernando Lugo en Paraguay en 2012 o la crisis política boliviana de 2008) y la reparación de la situación legal de la población migrante con el Plan Patria Grande (2004) (Corigliano, 2011; Pauselli, 2014)

Corigliano (2011) analizando la política exterior en derechos humanos, afirma que “el cambiante grado de congruencia entre los compromisos externos e internos asumidos y las posiciones adoptadas por los gobiernos democráticos argentinos en nombre de la defensa de los derechos humanos y la democracia (…) depende de que otros intereses (…) están en juego en cada capítulo temático de la agenda internacional argentina” Teniendo en cuenta esto, la principal paradoja de la administración Macri en materia de política de derechos humanos es la opacidad que tiene esta política en organismos multilaterales conjugada con una sobreactuación en la defensa de la democracia en el concierto regional, cuyo ejemplo paradigmático es el caso venezolano. De esta manera, la falta de congruencia afecta la imagen internacional de nuestro país y obstaculiza objetivos de corto y mediano plazo, como el fortalecimiento de nuevas alianzas o la obtención de réditos coyunturales, como inversiones extranjeras. Esto fue evidente en la visita del primer ministro canadiense Justin Trudeau, cuando fue interpelado por la carta que había enviado la filial local de Amnistía Internacional.

Más allá del debate sobre la justificación o no del apresamiento de Sala, el apercibimiento de la situación de la dirigente por parte de organismos internacionales da qué hablar sobre los resultados de una política de derechos humanos, que parece afectada por un discurso apocado por las acciones tomadas. Como consecuencia, aunque improbable, tales acciones podrían obstaculizar la denodada “vuelta al mundo” de la actual administración.

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