Por Gustavo Insaurralde
Uno de los objetivos de la administración macrista en política exterior es dinamizar el comercio exterior mediante la formalización de acuerdos de libre comercio, especialmente con la Unión Europea. La negociación de un TLC con la UE se ha desarrollado en el contexto del Mercosur, con momentos de mayor o menor impulso y trabas. En tal sentido y en función de la relación estratégica con Brasil, ambos países han buscado coordinar posiciones. Las reuniones del ministro de Producción argentino y el ministro de Planificación brasileros son prueba de ello.
Esta medida es defendida por la nueva administración argentina. Asimismo, el staff económico brasilero más ortodoxo del segundo gobierno de Dilma Rouseff consideran que el acuerdo no alterará y hasta incentivará la coordinación e integración productiva en sectores especialmente sensibles como el automotor.
No obstante, la posición argentina sufre reticencias internas que no sólo provienen del sector industrial (quien se vería más afectado por las medidas de apertura económica debido a la baja competitividad de los productos industriales argentinos) sino también de los productores agrarios, con especial énfasis en los productores de agroalimentos. La apertura económica a nuevos tratados de libre comercio, a diferencia de otros contextos históricos, no es defendida por los sectores más competitivos de la economía argentina en la medida que encuentran ciertas trabas a los bienes transables, especialmente los productos cárnicos.
La Política Agrícola de la Unión Europea ha sido un factor de constantes roces que han provocado situaciones como la experimentada por el presidente francés, Francois Hollande, a nuestro país. Hollande recibió un abucheo en el tradicional Salón de la Agricultura de París en febrero de 2016 por parte de productores agrícolas con motivo de la imposición de precios máximos para la exportación y por la negativa de participar en acuerdos con bloques económicos competitivos en materia agrícola como el Mercosur.
Francia ha demostrado públicamente su negativa con una carta pública a la Comisión Europea que coaligó a otros 12 países europeos. A esto se suma la carta pública firmada por el presidente del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias (el organismo de lobby agrícola más importante de Europa) quien defiende la posición de los 13 países firmantes de no aceptar el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.
De esta manera, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Miguel Etchevehere, planteó una alternativa: “es mejor ser supermercado del mundo que granero (…) [pero] a los alimentos hay que salir a venderlos y ello requiere trabajo, estudio y confiabilidad en el tiempo”.
La oposición de los grandes sectores concentrados en el campo de los agroalimentos, coaligados en la SRA, podría poner en peligro uno de los elementos fundamentales de la PEA macrista. Recordemos que en un proceso de negociación donde exista un gobierno dividido (la mayoría legislativa es diferente del partido/coalición del ejecutivo), información simétrica (todos los actores conocen las intenciones de cada actor implicado en el proceso) y existan endorsers (actores políticos, sociales y económicos que estén fuera del proceso de negociación pero son los principales interesados en un determinado curso de acción), la aprobación y el apoyo de estos últimos es esencial para aprobar acuerdos de tal importancia como un acuerdo de libre comercio UE-Mercosur (Milner, 1997). Esto, en última instancia, evidencia de que los apoyos institucionales no son automáticos, por lo que es menester cooptarlos bajo el curso de acción elegido, o directamente cambiar de estrategia de inserción internacional.