• Observatorio de Política Exterior Argentina

Argentina y los derechos del mar

Por Gustavo Insaurralde



Una jueza federal de Río Grande ordenó embargos a empresas británicas y estadounidense por operar sin “autorización, concesión o permiso alguno otorgado por autoridad competente argentina”. El Ministerio Público argumentó que estos barcos estaban cometiendo “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas”. Esta orden será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en cumplimiento de pactos de cooperación judicial preexistentes, sea dirigida a los tribunales de cada país en los que se encuentren radicados los activos identificados.

A pesar de que la orden fue emitida desde el Poder Judicial Federal de la Provincia de Tierra del Fuego, este pedido se inscribe en el cumplimiento de las prerrogativas inscriptas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, ratificada por Argentina en el año 1995.

Nuestro país fue uno de los primeros países que destacó el alcance de sus derechos de soberanía sobre la plataforma continental en su condición de Estado ribereño (Comisión Nacional del Límite Exterior para la Plataforma Continental, 2009). Previamente a la Doctrina Truman, base para la generación del régimen internacional sobre el mar, en 1916 se anunció la Doctrina Storni, en la cual Argentina reivindicaba sus derechos sobre la plataforma continental y todos los recursos que en ellas existían (Storni, 1967). Después de diferentes aproximaciones al asunto, en 1991 Argentina dictó la Ley de Espacios Marítimos, la cual estableció el limite exterior de la plataforma continental hasta las 200 millas marinas, de conformidad con los principios plasmados en la CONVEMAR.

No fue casual que, finalmente, la CONVEMAR entrara en vigor para nuestro país el 31 de diciembre de 1995. Durante las presidencias de Carlos Saúl Menem, la política exterior argentina viró sobre lo que se llamaron las relaciones carnales o el modelo de aquiescencia programática (Russell y Tokatlian ,2003). Dentro de ese modelo Argentina tomaba nota del predominio de Estados Unidos como actor global. La adaptación de la política exterior residiría en reducir los ámbitos de confrontación con la potencia hegemónica, mientras se aceptaba el orden internacional global. De esta manera, se aceptaron paulatinamente todos los regímenes internacionales que esta inclinación requeriría. No obstante la inclusión argentina, nuestro país no ha abandonado los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. Como consecuencia, cualquier acción foránea sobre estas plataformas es considerada como delito ante los fueros nacionales.

Con el advenimiento de nuevas administraciones, especialmente las administraciones kirchneristas (2003-act) se han promovido nuevas acciones relacionadas con el tema. En el año 2009, Argentina ha presentado frente a la ONU un pedido para la ampliación de la plataforma marítima de 200 a 350 millas. A su vez, en el año 2014, se lanzó la Iniciativa Pampa Azul que intenta vincular el circuito científico relacionado a los asuntos marítimos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la conservación de recursos naturales y la promoción de innovaciones científicas-tecnológicas en el área.

Con lo cual, la reivindicación sobre la plataforma continental forma parte de los derechos que la Argentina ha hecho prevalecer en forma continuada, en relación con la Causa Malvinas, pero también más allá de la misma.

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