Por Gustavo Insaurralde
Esta semana en el escenario regional se presentaron dos frentes de conflicto para la definición de la política exterior argentina. En primer lugar, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha cesanteado las prerrogativas del Parlamento, para luego retractarse, como resultado de un largo conflicto de definición de legalidad con respecto a sus parlamentarios. Por otro lado, en Paraguay diputados oficialistas del Partido Colorado junto con una coalición con el Frente Guazú (seguidores del ex presidente Fernando Lugo) llevaron un proceso irregular para que los habilitara a una enmienda constitucional que permitiera al actual presidente candidatearse nuevamente.
El caso venezolano incitó en sus pares del Mercosur una enérgica respuesta. Los cancilleres del bloque se reunieron en Buenos Aires para realizar una declaración conjunta donde se instaba a Venezuela al respeto por la “división de poderes, el estado de derecho, los derechos humanos y las instituciones democráticas” a la vez de continuar con el calendario electoral acordado –técnicamente Venezuela debería haber llevado a cabo elecciones locales desde hace cuatro meses. A pesar de algunas posiciones dentro del bloque, en la declaración oficial no se instó directamente a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA ni del Protocolo de Ushuaia por el Mercosur.
El tratamiento al tema de Venezuela fue automático, instando a una posición común del bloque en el ámbito interamericano. Esto contrasta con la posición regional y argentina del tema paraguayo. El nivel de conflictividad en Paraguay es tan alto que los manifestantes han atacado la sede del Parlamento y la policía ha reprimido y generado la muerte de un joven militante del principal partido de oposición al presidente Cartes. No obstante, la administración Macri no se ha declarado sobre el tema. Esto no es casual en una época de acercamiento bilateral mientras se alega, tácitamente, no injerencia.
La diversidad de respuestas de la administración Macri a estas crisis regionales puede responder a dos causas: ideológicas y estratégicas. Ideológicas en la medida que tanto Cartes como Macri comparten una visión sobre el proyecto regional común. A su vez, la conjunción de temas en común en la relación bilateral argentina paraguaya está mucho más nutrida de temas de interés común: energéticos, con las represas; securitarios, con el contrabando y el narcotráfico, y especialmente económicos, con la idea de conjugar intereses dentro de Mercosur para un eventual acuerdo con la Unión Europea.
De esta manera, la actual administración demuestra que a una misma estructuración de valores institucionalizados, no solo enclaustrados en el régimen interamericano con la Carta Democrática más también con instrumentos mercosurianos como el Protocolo de Ushuaia, los resultados pueden ser diferentes si se toman en cuenta intereses estratégicos e ideológicos coyunturales. No obstante, esta estructuración pone en riesgo la capacidad de la PEA para construir diálogos democráticos que suavicen las contradicciones de tales sistemas políticos y que, en última instancia, puedan dañar los daños colaterales de un país inestable en el escenario regional. Así, el gran desafío en materia regional para la política exterior argentina es sortear estos obstáculos y poder actuar con la mayor imparcialidad posible.