Por Gustavo Insaurralde
En los primeros pasos de la globalización se dio inicio al proceso de desregulación de los mercados financieros internacionales, ayudado por una tecnología que disminuía los tiempos de las transacciones globales, amenazando las fronteras de los estados-nación para imponer sus directivas. Paulatinamente, fruto de esta liberalización surgieron actores no estatales que pusieron en jaque las soberanías constituidas. Los fondos de cobertura o hedge funds, instrumentos colectivos de financiación y compra de activos, son parte de estos cambios.
Este proceso fue lentamente coadyuvado por varios factores: la fusión de bancos de inversiones y comerciales, la posibilidad de integrar las deudas soberanas en paquetes más amplios de activos, muchos de ellos de riesgo, entre otros.
Desde 2003, Argentina ha intentado integrarse a las reglas de esta economía internacional con relativo éxito, con medidas como el canje de deuda soberana en diversas etapas. No se atacó el carácter “no-nacional” o “para-estatal” de los tenedores de bonos; tampoco se cuestionó la legitimidad de los bancos fusionados. No obstante, luego del default selectivo de julio de 2014, la política exterior argentina ha intentado pergeñar una estrategia diferente. Al principio tratando de combatir sus fundamentos, luego conjugando cierta autonomía retórica, instando a otras naciones a promover un ordenamiento internacional sobre la especificidad de los bonos soberanos.
El espacio donde se impone esta estrategia es el terreno multilateral. El discurso de la presidenta en la Apertura Anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2014, ha versado sobre el “terrorismo económico” generado a partir de la actuación de los holdouts. Naciones Unidas, el G77 y el G20, forman parte de esta lógica, y particularmente el último presenta relativa importancia debido a que su objetivo es el de coordinar la gobernanza internacional en materia económica.
En última instancia, la política exterior con respecto a la crisis con los holdouts no llega a constituirse como un baluarte en contra del ordenamiento económico mundial. No es casual, entonces, que el ministro Kicillof busque legislar sobre la reestructuración de las deudas soberanas en Naciones Unidas, más que cuestionar la legitimidad de las mismas. A pesar de la retórica en contra de la naturaleza de los “fondos buitres”, y de los apoyos multilaterales y bilaterales, especialmente de Rusia y de China, Argentina parece continuar jugando con las mismas reglas.