Por Antonela Busconi*
De acuerdo a datos de ACNUR (2019) actualmente hay 70,8 millones de personas refugiadas, desplazadas y/o apátridas en el mundo, cuyas causas pueden responder a conflictos armados, persecución o desastres naturales.
Frente al actual contexto de pandemia, donde el foco está puesto en combatir el virus y no en las causas socio-ambientales que lo han causado, es menester poder dar cuenta de la existencia de personas desplazadas como consecuencia del cambio climático. Las causas climáticas que llevan al desplazamiento forzado pueden generar otras fuentes de tensión y conflicto potencial por la competencia por los recursos naturales, los derechos a la tierra, la alimentación y el agua y, a su vez, estas situaciones pueden empeorar las relaciones entre los/as refugiados/as y sus vecinos no refugiados (ACNUR, s/f). Cabe destacar que la mayoría de los desplazamientos relacionados con desastres naturales y los impactos del cambio climático son internos, y los afectados permanecen dentro de sus fronteras nacionales. Sin embargo, el desplazamiento a través de las fronteras también ocurre y puede estar relacionado con situaciones de conflicto o violencia (ACNUR, s/f).
La actual pandemia sigue avanzando, sobre todo en América Latina, lo cual agrava aún más la situación de las personas desplazadas, entre ellas, aquellas forzadas por causas climáticas. De acuerdo al Observatorio de Desplazamiento Interno (2019), en 2018 hubo 1,2 millones de personas desplazadas internas en América Latina y 16.000 en Argentina, por desastres naturales. La crisis actual ha impactado de forma desproporcionada en todas las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, entre ellas a los/as refugiados/as y solicitantes de asilo.
En el caso de Argentina, teniendo en cuenta que Alberto Fernández estableció como ejes de gestión de su política exterior el respeto del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, así como la protección del ambiente (Graf Rey, 2020), el actual contexto de crisis sanitaria y de refugiados nos convoca aún más. Al igual que otros países, Argentina cerró sus fronteras, lo cual obstaculizó que las personas que necesitan protección internacional puedan salir de sus países e ingresar a los distintos países donde buscan protección. Esto, a su vez, paralizó sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado en las fronteras y les impidió acceder a asistencia humanitaria. En el caso de las personas con la condición de refugiadas, la crisis económica que se desencadenó implicó que hayan perdido sus empleos. Asimismo, la situación de aislamiento obligatorio incrementó las probabilidades de que las mujeres refugiadas sufran violencia de género (Infobae-Política, 12-05-2020). En consecuencia, el confinamiento obligatorio afectó el ejercicio de derechos por parte de las personas refugiadas y también dificultó la obtención de una solución duradera para su problemática, en lo que respecta al proceso de integración local en los países receptores, en la implementación de los programas de reasentamiento y en la admisión humanitaria (Infobae-Política, 12-05-2020).
Cabe destacar que como parte de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de personas refugiadas y, en consonancia con los ejes de su política exterior en materia de derechos humanos, el gobierno firmó un acuerdo con la Agencia de Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Nacional para los Refugiados del Ministerio del Interior para garantizar los derechos de la población refugiada en la Argentina, en el marco de la emergencia del COVID-19. El objetivo del mismo es facilitar el acceso a derechos y la inclusión socioeconómica de los refugiados, así como la atención y reducción de las situaciones de vulnerabilidad con un enfoque de edad, género y diversidad (ACNUR, 2020).
Frente a la emergencia sanitaria, social, económica y climática mundial, Argentina debe fortalecer su liderazgo regional en materia de protección de personas refugiadas, la defensa de los derechos humanos y la protección del ambiente como pilares de su política exterior. En este aspecto, es necesario que se diseñen e implementen medidas que aborden la crisis del desplazamiento interno, frente a las proyecciones que indican que los impactos del cambio climático irán en aumento.
Por consiguiente, los Estados deben redoblar sus esfuerzos para garantizar que las medidas de prevención y asistencia, establecidas para hacer frente al COVID-19, se implementen para todas las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas aquellas forzadas a desplazarse. En el mismo nivel de importancia, es necesario que, frente a los impactos del cambio climático, el avance del coronavirus y la emergencia sanitaria, las políticas de recuperación post-pandemia apunten hacia una transición justa, incluyentes y con perspectiva de género.
*Lic. en Relaciones Internacionales. Doctoranda en Relaciones Internacionales.
REFERENCIAS
ACNUR. (2020). Covid-19: Acuerdan asistencia a personas refugiadas en Argentina. https://www.acnur.org/noticias/press/2020/5/5ececa1f4/covid-19-acuerdan-asistencia-a-personas-refugiadas-en-argentina.html
ACNUR. (2019). Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2019. Disponible en: https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5eeaf5664/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2019.html
Infobae. (2020). La ONU alertó que en Argentina muchos refugiados no reciben ayuda por la pandemia y están en riesgo. Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2020/05/12/la-onu-alerto-que-en-argentina-muchos-refugiados-no-reciben-ayuda-por-la-pandemia-y-estan-en-riesgo/
Graf Rey, M. (2020). La Política Exterior Argentina en tiempos de pandemia. Columna de Opinión OPEA. Disponible en: https://www.opeargentina.org/post/la-pol%C3%ADtica-exterior-argentina-en-tiempos-de-pandemia
Observatorio de Desplazamiento Interno. (2019). Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2019. Disponible en: https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-sp.pdf