Por Alejandro Álvarez Ramírez
El Principio de Justicia Universal puede ser definido como el derecho por el que cualquier Estado puede atribuirse la represión de delitos que transgreden bienes jurídicos internacionales fuera de sus esferas de interés, sin importar el lugar ni la nacionalidad de víctimas y autores. Sin embargo, la aplicación de este principio tiene ciertas salvedades. España, desde la reforma de 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo puede actuar cuando haya víctimas españolas, los presuntos responsables estén en el país o exista una conexión relevante con España. La Justicia Universal fue prácticamente derogada debido a la presión internacional que recibió España por enjuiciar casos en el Tíbet, Israel, Guantánamo, etcétera. En cambio en Argentina, las instituciones jurídicas y jueces que independientemente investigan flagrantes violaciones de Derechos Humanos, parecen gozar de menores restricciones.
El deber de proteger y la firma de los distintos tratados de Derechos Humanos, entran en muchas ocasiones en conflicto con la legislación interna de los Estados y las repercusiones que, una política exterior de persecución de crímenes cometidos por otros Estados o nacionales de éstos, puede acarrear.
Argentina y España han hecho uso de la aplicación del Principio de Justicia Universal tanto en común como para investigar casos el uno al otro. Ambos formaron parte del famoso arresto de Augusto Pinochet y su intento de enjuiciamiento por delitos de genocidio, torturas, terrorismo internacional y desaparición de personas.
En España, el juez Garzón llevó a cabo una investigación sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura militar Argentina donde hubo víctimas españolas. 99 personas fueron procesadas, incluyendo máximas autoridades de las Juntas Militares y responsables de hechos acontecidos en Argentina entre 1976 y 1983. Además, con la colaboración del Presidente Néstor Kirchner, España reinició causas contra los responsables de aquellos crímenes derivando en varias sentencias condenatorias y celebración de juicios e investigaciones. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo español, reconocieron la competencia de España para enjuiciar delitos de genocidio, terrorismo y torturas en Argentina.
Al otro lado del Atlántico en Argentina, cabe destacar la “querella argentina”, impuesta en 2010 en relación a los actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en España. Liderada por la jueza María Servini, fue presentada por más de 100 asociaciones humanitarias y de defensa de los DDHH. Su objeto es probar la impunidad con la que el Estado español ha tratado ciertos crímenes internacionales, así como reparar a las víctimas y exhumar a los desaparecidos de la guerra civil. Hay que mencionar que España es el país del mundo con mayor número de desaparecidos tras Camboya y éste caso, es el único en el mundo contra el franquismo. Jueces argentinos se han quejado de las trabas impuestas por el Estado español y las negativas de extradición a Argentina de ciudadanos españoles.
Además, Argentina ha solicitado información a la Audiencia Nacional española para investigar crímenes del grupo ETA, a lo cual jueces españoles han respondido que Argentina no tiene competencia internacional para ello y que todos los crímenes de dich grupo han sido ya investigados por España y Francia.
En conclusión, el Principio de Justicia Universal ha tensado relaciones interestatales, se ha aplicado en contextos políticos difíciles y cuenta con cantidad de obstáculos nacionales e internacionales que han generado la burbuja de problemas que lo envuelven. Lamentablemente, las voluntades políticas han prevalecido en muchas ocasiones por encima del razonamiento jurídico y ha habido más intentos fallidos que logrados. En el caso de España y Argentina, los enjuiciamientos recíprocos no han desencadenado hostilidad entre ambos. En la actualidad, desde la llegada de Macri a la Presidencia, sus relaciones se encuentran en pleno apogeo. En cuanto a las tendencias futuras, deberemos de ver cómo el nuevo orden internacional, posible hijo frustrado de la globalización y el liberalismo institucional, reacciona al hecho de que ciertos Estados, persigan flagrantes violaciones de Derechos Humanos a miles de kilómetros de distancia poniendo en cuestión la soberanía de otros Estados.