Gabriela Leonardelli*
El pasado 22 de enero, Argentina depositó su instrumento de ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” – más conocido como el Acuerdo de Escazú- que ratificó en septiembre de 2020. De este modo, el Acuerdo entrará en vigor el próximo 22 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Hasta la fecha, los países que ratificaron el Acuerdo son 12: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe, que tiene como principales objetivos garantizar derechos de acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Los cimientos de este acuerdo se encuentran enraizados en el Principio 10 de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” de 1992, donde se establece que la participación ciudadana es el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, ya sea contando con libre acceso a la información, como con la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Posteriormente en 2012, en la cumbre de Río+20, se firmó la “Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río”, y fue en este marco que 24 países de América Latina y el Caribe firmaron en 2018 el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica.
Si bien este acuerdo puede compartir semejanzas con su homólogo europeo: el “Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente” -más conocido como el Convenio de Aarhus de 1998- Escazú es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Este es un punto de particular importancia, ya que América Latina es la región con mayor índice de peligrosidad para estos grupos: 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, con un promedio de más de cuatro personas por semana (Global Witness, 2020).
Un aspecto innovador que es importante destacar, es la participación ciudadana en el comité de negociación de este Acuerdo, no como meros observadores, sino como partes, lo que puede marcar un hito para negociaciones posteriores en la materia (Nápoli, 2019). Esto va de la mano con el gran incremento del activismo ambiental en los últimos años, especialmente en el sector juvenil. Es fundamental para una sociedad que apunta al desarrollo sostenible que las personas se informen y participen en decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y para este fin, el Acuerdo de Escazú es una gran herramienta para la ciudadanía.
En este contexto internacional de emergencia sanitaria y climática, sumado a los incendios propagados en gran parte del territorio nacional en los últimos meses, la vigencia de estos acuerdos que buscan proteger personas en situación de vulnerabilidad son necesarios para que no se tomen decisiones a espaldas de los ciudadanos. A nivel nacional, si bien existen normas que garantizan el respeto de derechos de los defensores ambientales, la aprobación del Acuerdo incide en su efectivo cumplimiento, ya que coloca al Estado en la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales.
En el aspecto regional, la vigencia de este Acuerdo puede desencadenar mayor cooperación internacional en la materia ambiental, y podría esperarse un mayor impacto si Brasil y Colombia ratifican este documento, no solo por ser países de peso en América Latina, sino también por ser los de mayor riesgo para los defensores medioambientales (Global Witness, 2020). Un caso contradictorio es el de Chile, quien fue uno de los impulsores de este Acuerdo junto a Costa Rica, bajo el mandato de Michelle Bachelet, pero que luego el presidente Sebastián Piñera se rehusó a firmar. Por último, la cooperación también podría ser potenciada en un marco internacional más promisorio en el aspecto ambiental, con el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, tras la asunción de Joseph Biden.
La efectiva aplicación de este Acuerdo genera tanto desafíos como oportunidades. Tras la ratificación quedará establecer bajo qué modalidades se brindará la información pertinente, sin ambigüedades y omisiones; de qué manera se garantizará la participación ciudadana, y que la misma tenga peso; y que los órganos y procedimientos de la justicia realmente cumplan sus obligaciones. Por su parte, Argentina tiene una posición comparativamente favorable entre los miembros de Escazú, por ser un país de peso demográfico y territorial, y también por su recorrido en legislación y en negociaciones multilaterales ambientales. Por lo tanto, Argentina podría aprovechar esta oportunidad para desarrollar su potencial y generar cierto liderazgo ambiental en la región.
*Licenciada en Relaciones Internacionales
Referencias
Global Witness (29/07/2020) Defender el Mañana. Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
Nápoli, Andrés (2019) Ciclo de Entrevistas 2019- 5º Programa RADIOPEA- Entrevista a Andres Nápoli. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YtZMDtu3b94