Por Antonela Busconi
Se realizó un nuevo Paro Internacional de Mujeres, lesbianas, travestis y transexuales, durante el cual se renovaron las demandas por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la implementación efectiva de la ley de educación sexual integral, la ampliación del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género; la restitución y reparación a los pueblos originarios y la cultura afrodescendiente; el reconocimiento a las luchas populares; la liberación inmediata de todxs los presxs políticos y en contra de todas las detenciones ilegales que están ocurriendo en Argentina. Estos reclamos se hicieron eco en el resto de los países del mundo que adhirieron a esta marcha mundial por los derechos humanos de las mujeres y del colectivo LGBTTTIQA.
Este Paro, además, hizo hincapié en la lucha conjunta de mujeres, lesbianas, trans y travestis, organizaciones feministas y activistas del movimiento de mujeres en unidad de acción con los feminismos y movimientos de mujeres a nivel internacional y exigiendo a todas las centrales sindicales del país una manifestación pública sobre dicha medida.
No se debe dejar de lado que estas demandas se dan en un contexto de recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTTTIQA en América Latina, de forma paralela, al avance de movimientos religiosos ultraconservadores que atentan contra los derechos humanos y la diversidad sexual.
La coyuntura regional ofrece un panorama desalentador ante el avance de movimientos religiosos ultraconservadores: la elección como presidente del candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro en Brasil; los movimientos “Pro Vida” en Argentina, México, Perú y Colombia, entre otros; el proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia, en Guatemala que de ser aprobado, endurecería las penas por aborto, prohibiría la educación sexual en escuelas y reiteraría la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo; son algunos de los hechos que contribuyen a un retroceso en materia de igualdad de género.
Si nos detenemos en Argentina, y más precisamente, en el discurso de Mauricio Macri durante la apertura anual de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente no hizo referencia sobre políticas públicas específicas destinadas a mejorar la situación de las mujeres, lesbianas, travestis y transexuales. Si bien mencionó la necesidad de crear un sistema de crianza compartida y que se cumpla sin dilaciones lo dispuesto en el fallo F.A.L. para casos de violación, esto es, que se cumpla con el derecho a acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (I.L.E.), otras políticas implementadas recientemente se contradicen con esto último. Además, no se puede dejar de mencionar que el presupuesto de 2019 sólo destina el 0,13% a programas de distintos Ministerios para reducir la desigualdad de género, dentro del cual se incluye la reducción del presupuesto destinado al organismo rector de las políticas de género, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
Por otro lado, la legalización del aborto, si bien fue el debate legislativo más importante del 2018 y uno de los más significativos de la historia democrática de nuestro país, no logró la sanción en Senadores y sigue siendo un derecho fundamental vulnerado por el Estado argentino. A este respecto, el ejemplo de Suecia resulta esclarecedor puesto que incluye como uno de los objetivos prioritarios de su política exterior, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y cuya área principal es intensificar el trabajo con el fin de fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. La inclusión de los mismos en las metas de política exterior es de una importancia trascendental, ya que cada uno de los derechos contemplados en estos objetivos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, garantizando los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas se observan cambios positivos en el empoderamiento económico de las mujeres.
Por consiguiente, ante la realidad regional y doméstica, una política exterior con perspectiva de género se hace imprescindible, si partimos de la base de que las actitudes proclives a la igualdad de género conllevan a una mayor tolerancia y respeto por los derechos humanos y la democracia, siendo buenos indicadores, incluso, de comportamientos más pacifistas ante los conflictos internacionales. No obstante, el intento de llevar adelante una política exterior feminista también conlleva que los conflictos de género se visibilicen y, en consecuencia, promocionen cuestiones políticas altamente controversiales para la sociedad doméstica y global, de allí que frente al entorno político regional caracterizado por el avance de la derecha conservadora, una política exterior sensible a la igualdad de género se nos presenta de difícil concreción.
Argentina cuenta con un movimiento feminista que no sólo logró colocar en la agenda doméstica la importancia de los derechos humanos de las mujeres, lo cual llevó a la sanción de políticas destinadas a su cumplimiento, sino que logró traspasar las fronteras y contagió sus demandas hacia el resto de América Latina, evidenciando su capacidad de llevar las iniciativas formuladas en el ámbito nacional a nivel regional e internacional. La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una clara muestra. Esto ilumina, en parte, el contexto regional si tenemos en cuenta que la convocatoria cada vez más fuerte del Paro Internacional de Mujeres, la concordancia en las demandas y la capacidad de organización del movimiento feminista son buenas señales en la lucha por la consecución de nuestros derechos y libera el camino hacia una América Latina cada vez más feminista.