Por Gustavo Insaurralde
Este último sábado, los cancilleres reunidos en San Pablo decidieron suspender a Venezuela indefinidamente hasta que se restablezcan las condiciones democráticas y las garantías institucionales para la oposición. Previamente, en la Cumbre de Mendoza del mes pasado y basándose en los postulados de la Carta Democrática del Mercosur, se había anunciado que esta medida estaría condicionada por el establecimiento de la Asamblea Constituyente.
Con el caso venezolano, esta es la segunda suspensión en el bloque, después del proceso de impeachment del presidente Lugo en el año 2012. De hecho, el actual Canciller paraguayo, Eladio Loizaga, afirmó que “La democracia está dentro del ADN del Mercosur”. La afirmación de Loizaga parece atinada ya que la democracia forma parte de la esencia de la constitución del bloque. Desde sus primeros inicios, el Acta de Foz de Iguazú -el acuerdo que estableció el puntapié inicial para la creación del Mercosur- complementó la creación de una incipiente estructura de entendimiento regional que acompañara y fortaleciera los procesos de construcción democráticas domésticas. En un estudio comparativo con respecto a la creación de regímenes de derechos humanos asociados a los procesos de integración regional europeo y el Mercosur, Arcaro Conci (2015) afirma que en el Mercosur existe una “exigencia sustancial de concomitancia” entre democracia, derechos humanos y decisiones integradoras. Esto, para el autor, presenta una paradoja en la medida que a pesar de que el Mercosur no tenga una Carta de Derechos como el bloque europeo –aunque este instrumento está solventado con el sistema interamericano- entiende que el ejercicio de los mismos es primordial en el desarrollo integrador. De esta manera, no es casual que las cláusulas democráticas tengan tanto peso.
Esto también se visualiza en los procesos de gestión de conflictos. A pesar de la constitución declarativa en relación a los valores democráticos, en sus inicios el bloque regional tuvo una impronta eminentemente comercial. Con el advenimiento del nuevo siglo, el Mercosur comenzó a adquirir nuevas funcionalidades vinculadas a la gobernanza regional y, por lo tanto, a los procesos de gestión de conflictos. Teniendo en cuenta esto y la visión de Bizzozero (2012), la coexistencia de diferentes bloques regionales genera desafíos en relación con este tema. Para el autor, la integración tiene dos caras: una vinculada a las grandes burguesías de sus socios más grandes, relacionada a Mercosur, mientras que UNASUR sirve como un mecanismo de articulación política que ha canalizado la proyección global brasilera y tiene una veta intergubernamental que conlleva una agenda política y que intenta sobrellevar una variada agenda regional salteando las ideologías. Esta diglosia de funciones podría explicar la ineficiencia con que el Mercosur y su falta de experiencia en gestionar conflictos contemporáneos, especialmente en la imposibilidad o falta de interés en instar al diálogo en el caso venezolano.
De esta manera, la política exterior argentina ha seguido un triple juego entre traducción de los principios integradores iniciales, la reproducción de una dinámica integradora sudamericana poco preparada para la gestión de conflictos y una fuerte incidencia de la propia visión del campo político doméstico. No obstante, aunque muchos errores se han cometido en este tema, la solución paulatina de este conflicto debe ser un objetivo que no tiene espacio para ser eludido.