Por Gustavo Insaurralde
Esta semana la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) establecida en la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar) ha aceptado una ampliación de la plataforma continental argentina. Esta comisión tomó los datos vertidos en el informe iniciado en 1997 y entregado a la comisión en el año 2009. Este proyecto fue llevado a cabo por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre sus considerandos se incluye la ampliación de la plataforma continental por más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados.
En una primera aproximación al problema, se puede afirmar que la definición de la Plataforma Continental y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas -enmarcadas dentro de foros multilaterales-, forman parte de un cúmulo de temas de agenda que persisten en las estrategias exteriores de las diferentes administraciones. De hecho, incluso si se afirmara que la administración Macri presenta un cambio de programa en política exterior, es decir, un cambio en los objetivos primordiales de la PEA (Lasagna, 1995; 1996), los resultados de la labor de COPLA, junto con otros temas, son parte de tópicos inmanentes de la política exterior. Así, cada gobierno impone sus directivas pero no modifica elementos esenciales para abordarlas. Esto podría tener una explicación en la fortaleza de la política burocrática donde, a pesar de los cambios gubernamentales, existen recursos humanos especializados que continúan. Como estos temas son inmanentes, no se genera una lucha interburocrática entre políticos y burócratas (Allison, 1971)
Asimismo, otra de las cuestiones que resalta la comunidad epistémica sobre el tema es la cuestión de las oportunidades. Aunque no vinculante, la decisión de la Comisión es un elemento que fortalece la posición argentina de cara a la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. De la misma forma, acentúa oportunidades estructurales para la PEA. Uno de estas oportunidades es la conformación de mecanismos de gobernanza marítima.
Según la Unión Europea, la gobernanza marítima incluye las políticas que coordinan las actividades marítimas de diferentes organismos públicos que tienen como objetivo maximizar el uso sostenible de los océanos y mares, mejorar la eficiencia del transporte, aplicar la política de puertos y fomentar la construcción naval y el turismo costero (Unión Europea, 2010).
En el caso argentino, la gobernanza marítima tiene demasiadas oportunidades abiertas que se encuentran relativamente desaprovechadas: desde mecanismos de concertación multilaterales que podrían fomentar una cooperación más fructífera entre los países del Atlántico Sur, como el CAMAS (Coordinación del Área Marítima del Atlántico Sur) o ZPCAS (Zona de Paz y de Cooperación del Atlántico Sur) (Yapur, 2003; Martínez, 2008; Sidders, 2008) y las iniciativas transversales –programas gubernamentales sobre el mar que cruzan diferentes ministerios; COPLA es un ejemplo paradigmático. (Bargas, Kaplan, entre otros, 2011)
Por otro lado, también existen iniciativas que intentan aumentar la incidencia de la comunidad científica en los asuntos marítimos. El Libro Blanco de la Defensa (2010) ha planteado la necesidad de crear un sistema de innovación que sirva como catalizador del aumento del presupuesto de defensa en producción científica. Asimismo, en el año 2014, se anunció la creación del programa Pampa Azul, cuyo objetivo sería incluir a la comunidad científica en la producción de programas de gobernanza marítima. No obstante, no existe ningún documento público que acredite sus objetivos.
De esta manera, la ampliación de la plataforma marítima argentina es un logro de uno de los tópicos de la PEA en la cual se plantean ajustes pero se limitan los cambios estructurales gracias a la fortaleza de una burocracia que permanece. A su vez representa una gran oportunidad para que se establezcan mejores estrategias de gobernanza marítima, aún desaprovechadas.