Por Celeste Figuerero Minetti
La comunidad internacional está atravesando el mayor flujo migratorio contabilizado desde la II Guerra Mundial, convirtiéndose éste en uno de los principales desafíos que enfrentan las sociedades actuales teniendo en cuenta que los movimientos migratorios se han complejizado respondiendo tanto a dimensiones económicas, políticas y sociales, y, a su vez, se han expandido abarcando a todos los continentes.
Conforme a datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su informe anual “Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado” (2018), el número de desplazados forzosos aumentó 2,3 millones respecto a 2017. De este modo, se alcanzó una cifra record de 70,8 millones de personas que se vieron obligadas a dejar sus hogares como consecuencia de conflictos, violencia, persecución y violaciones de derechos humanos. Las causas mencionadas han sido generalmente vinculadas a la figura del refugiado diferenciándolo del migrante.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define al migrante como aquella persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones. Sin embargo, debido a las motivaciones que han caracterizado los movimientos migratorios de las últimas décadas, analizarlos en términos de voluntariedad como se los suele hacer, resultaría incompleto. Aquella persona que busca mejores oportunidades en otras partes del mundo, por motivos de seguridad alimentaria y condiciones de desarrollo precarias producto de conflictos internos, no puede ser considerada como migrante voluntario, sino que se encuentra dentro de la categoría de desplazamiento forzoso y comparte, en ciertos aspectos, la misma situación de vulnerabilidad que los refugiados.
La complejización y expansión de los flujos migratorios ha puesto en jaque la ausencia de un régimen legal especializado e integral relativo a los migrantes y de un marco acordado para abordar los grandes desplazamientos. Es por eso que, la sociedad internacional ha consensuado una serie de compromisos para mejorar la protección de los refugiados y migrantes. Uno de los principales instrumentos es la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes firmada en el 2016, la cual establece la responsabilidad de los estados miembros de fortalecer y mejorar los mecanismos de protección de las personas que se desplazan. Asimismo, establece las bases para la adopción de un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular convirtiéndose en el primer enfoque común para la migración internacional en sus diferentes dimensiones. El mencionado Pacto Mundial fue acordado por los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a excepción de Estados Unidos, y adoptado en diciembre de 2018 en la Conferencia de Marrakech. Cabe destacar que el texto se estructura en torno a 23 objetivos que abarcan cuestiones genéricas de la migración, como la cooperación entre los estados para abordar las causas del fenómeno, y también cuestiones particulares, como la necesidad de adoptar medidas contra la trata y el tráfico de personas. (ACNUR, 2018).
Argentina siempre se ha manifestado predispuesta a adherir a mecanismos internacionales en materia de migraciones. Además, es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con un marco regulatorio para la migración, posicionándose como referente en la materia a nivel mundial a partir de la sanción de la ley 25871 en el año 2004; la cual regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas al país. Dicha ley reflejó la intención del gobierno argentino en promover la integración del migrante en la sociedad, la inserción laboral y la igualdad de trato mediante el reconocimiento y tutela de sus derechos. Sin embargo, a principios del 2017, la ley 25.871 fue modificada por medio del decreto 70/2017 con la intención de aplicar mayor rigurosidad a las causas de impedimento de ingreso y pretendió acelerar los trámites de expulsión, todo ello en nombre de la seguridad pública.
Aun así, el gobierno argentino ha encontrado un vacío legal e insuficiencia de políticas públicas adaptadas a la realidad planteada por la actual masividad de desplazamientos que está afectando también a países de América del Sur. En este contexto, es relevante referir a la migración de ciudadanos venezolanos, la cual puede ser definida como migración mixta ya que, según datos del ACNUR, las personas están huyendo de Venezuela siendo víctimas de persecución o por miedo a ser perseguidos y, también, producto de la precariedad de trabajo, la escasez de alimentación y medicamentos, la falta de acceso a servicios sociales o por imposibilidad de mantenerse a sí mismos o a sus familias.
De acuerdo al informe anual de ACNUR, más de 3 millones de venezolanos habían abandonado sus hogares a finales de 2018 y, se espera que esta cifra ascienda a los 4 millones durante el 2019. ACNUR (2018:24) lo define como el “mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo”. Respecto a esto, Argentina se convirtió en el cuarto país receptor de ciudadanos venezolanos, según datos extraídos del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP por sus siglas en ingles), el número de migrantes provenientes de Venezuela alcanzará los 238 mil a fines del 2019.
El gobierno de Mauricio Macri ha tenido un rol activo dentro del Grupo de Lima emitiendo comunicados y declaraciones en busca de solidaridad para recibir a migrantes venezolanos. Asimismo, dentro del Grupo se creó el Proceso de Quito, cuyo objetivo principal es la coordinación regional orientada a garantizar una migración segura, ordenada y regular de acuerdo a los parámetros propuestos por la Declaración de Nueva York. En el marco de la última reunión del Proceso de Quito, realizada en Buenos Aires, se estableció un Plan de Acción que prevé la creación de una tarjeta de información sobre movilidad regional, de centros de información, de una plataforma de orientación de migraciones y, el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Determinación de la Condición de Refugiado. Dicho Plan se encuentra en consonancia con las principales áreas a trabajar dentro del RMRP, coordinado por ACNUR y la OIM, donde se pretende apuntar a la asistencia de emergencia directa, protección, integración socioeconómica y cultural y fortalecimiento de las capacidades en los países de acogida
En términos generales, si bien Argentina se ha caracterizado por ser un país con apertura a la inmigración y esté jugando un rol preponderante en organismos internacionales sobre la temática, especialmente a partir de la crisis venezolana, las exigencias de la situación superan sus capacidades institucionales y financieras. En cuanto a esto, es importante mencionar que, según el informe anual de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), solo 9.844 personas venezolanas obtuvieron la residencia permanente en Argentina durante el 2018. Además, de acuerdo a los resultados de la encuesta de monitoreo de la población venezolana, realizada en diciembre de 2018 por la DNM, el 40% de las personas encuestadas se encontraba en situación de desempleo y, el 55% de aquellas empleadas percibía entre el salario mínimo y doble del salario mínimo.
En este sentido, encontramos varios desafíos que enfrenta el estado argentino a la hora de asegurar el cumplimiento de los derechos que la ley e instrumentos internacionales proclaman para las personas migrantes. En primer lugar, la situación de crisis económica que atraviesa el país se presenta como un límite hacía el acceso al reconocimiento y tutela de sus derechos. A ello debemos sumarle las denuncias de migrantes venezolanos contra ciudadanos argentinos por comentarios xenófobos, especialmente en sus lugares de trabajo.
Por último, es importante destacar la posición que ha tomado el presidente Mauricio Macri ante el conflicto en Venezuela. Desde su asunción en diciembre de 2015, atacó al gobierno de Nicolás Maduro y, junto con los gobiernos de los países miembros del Grupo de Lima, ha reconocido abiertamente a Juan Guaidó como “Presidente Encargado de Venezuela”. En este contexto, una de las medidas más controversiales que tomó el gobierno argentino fue la prohibición del ingreso al país de funcionarios y personas estrechamente vinculadas al régimen venezolano y la suspensión del acuerdo entre Argentina y Venezuela para la supresión de visados en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.
Nota: La actuación del gobierno argentino en nombre de la seguridad pública o ciudadana en diversos ámbitos se ve reflejada en distintos trabajos de Análisis de Política Exterior Argentina del OPEA.
Extraído del Informe N°522 del Observatorio de Política Exterior Argentina