• Observatorio de Política Exterior Argentina

La explotación de los hidrocarburos en Malvinas

Por Lilián Berardi


Uno de los temas más relevantes y controvertidos referidos a la cuestión Malvinas es el relacionado a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos y la presencia de las empresas extranjeras en la zona bajo disputa.

Desde las últimas décadas del siglo XX, los cambios ocurridos en el sistema internacional, relacionados principalmente al proceso de globalización económica y transnacionalización de la economía mundial, dieron lugar a un aumento cuantitativo de los actores no estatales. Tales como empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de presión.

Estos hechos fueron estudiados por Keohane y Nye, quienes señalaron que lo transnacional indica todo movimiento de elementos tangibles o intangibles a través de las fronteras estatales, en el cual al menos uno de los actores involucrados no pertenece a gobierno u organismo internacional alguno (Keohane y Nye, 1971).

Desde de la perspectiva teórica liberal se le reconoce un rol relevante a los actores no estatales y su influencia en el escenario internacional, igualmente se considera a los Estados como actores principales de las Relaciones Internacionales. Nos resulta pertinente abordar el rol de los actores privados, puntualmente, el caso de las empresas petroleras en la cuestión Malvinas a la luz de esta perspectiva teórica.

De acuerdo a Young (1972) el actor internacional posee algunos atributos como la autonomía (libertad de acción en tanto perseguir sus objetivos), la influencia (en tanto participación en las relaciones internacionales) y la representatividad.

La problemática sobre los recursos hidrocarburíferos devine desde la década de los 70, durante la cual el gobierno inglés impulsó diferentes expediciones científicas con el fin de recabar información geológica de la zona. Es reconocida la misión encabezada por Lord Shakleton destinada a relevar el potencial económico de las islas Malvinas. Los datos arrojados por estas incursiones denotan la existencia de cuatro cuencas sedimentarias circundante a las islas: la denominada Cuenca Norte, es la menos costosa (por sus bajas profundidades y cercanía a las islas) y la de mayor potencial petrolero; las Cuencas ubicadas al sur y al este, las de mayores profundidades; y la situada al oeste de las Malvinas (Bernal, 2011).

El interés en la exploración y explotación del gas y petróleo estuvo presente en la relación bilateral entre Argentina y Reino Unido desde la reanudación de los vínculos diplomáticos en la década de los 90.

Gran Bretaña autorizó la prospección petrolera en la zona circundante a las islas Malvinas al mismo tiempo que Di Tella y Rifkind firmaban la Declaración Conjunta Argentino-Británica de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental de 1995, definiendo las coordenadas de un "Área Especial" de 21.000 km donde acordaron cooperar. También se crearon instancias bilaterales como el Grupo Argentino-Británico de Alto Nivel y la Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental, integrada por delegaciones de ambas partes, cuyas principales funciones eran: coordinar las actividades de cooperación y crear un Subcomité, entre otras.

Más allá de los acuerdos bilaterales, los ingleses otorgaron de forma unilateral licencias para buscar petróleo a catorce compañías extranjeras, siendo YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) la única rechazada, en sociedad con la British Gas. Las empresas adjudicadas en esa ronda licitatoria fueron: Amerada Hess, Fina Exploration Evergreen, Murphy South Atlantic Oil Company, Taikoku Oil (Japón), Argos Evergreen, Shell Exploration, Agip Exploration, Lasmo International (Clyde Expro, Desire Petroleum, International Petroleum Corporation y Sands Petroleum). Al finalizar la campaña exploratoria, los informes resultantes determinaron que las cantidades de hidrocarburos hallados no eran viables comercialmente.

Es importante señalar que cuando se iniciaron los trabajos de perforación en la cuenca norte, el gobierno menemista expresó su rechazo a su par británico, mediante nota de protesta formal. Más allá de esta medida las sociedades extranjeras avanzaron en la prosecución de sus objetivos en el área bajo disputa, desconociendo la voluntad del Estado argentino.

Al no lograr los resultados esperados la política de seducción fue abandonada y las Presidencias posteriores formularon un conjunto de medidas legales tendientes a frenar el avance de las corporaciones petroleras. En tal sentido, y con motivo de la iniciación de una segunda campaña de perforación, la administración de Cristina Fernández, mediante el decreto N° 256, estableció que todo buque que transitara entre puertos argentinos y las islas del Atlántico Sur o atravesare aguas jurisdiccionales debía solicitar permiso a las autoridades pertinentes.

Siguiendo esta misma línea, mediante la aprobación de la Ley N° 26.659, se buscó sancionar a aquellas compañías que operen en la zona bajo disputa sin el permiso correspondiente de autoridades argentinas (Cancillería argentina, 2014).

También es preciso señalar que ya había sido anulada la Declaración Conjunta del 1995, por la recurrencia del gobierno inglés en proseguir con las prácticas unilaterales de otorgar licencias exploratorias, desconociendo el rechazo del gobierno argentino. Desde el Palacio de San Martín se insistió en que estas acciones eran contrarias a las normativas nacionales y a las resoluciones de la ONU, en las que se estableció que ninguna de las Partes podía llevar adelantes acciones unilaterales que modificaran la situación.

En sintonía con el objetivo de frenar el avance de estos actores privados petroleros, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades desarrolladas por los consorcios: Falkland Oil and Gas Ltd (FOGL), Argos Resources Ltd, Desire Petrolum plc, Rockhopper Exploration plc, y Borders and Southern Petroleum plc, Premier Oil plc, que operan sin permiso de autoridad competente. También fueron inhabilitadas por 20 años para desarrollar actividades en suelo argentino. Como se observa estos actores denotan cierta libertad de acción en avanzar en el curso de sus objetivos aunque respaldados por el gobierno británico.

Los intereses privados de estos actores complejizan aún más la problemática de la cuestión Malvinas ya que interfieren en la disputa bilateral, que si bien se centra en la soberanía sobre los espacios territoriales y marinos, involucra la lucha por la extracción de los recursos hidrocarburíferos que ellos persiguen.

Bajo la gestión Macri se firmó el Comunicado Conjunto con el Reino Unido, que expresa “la intención de ambas Partes de remover obstáculos en áreas tales como la pesca e hidrocarburos en el Atlántico Sur” (Comunicado Conjunto, 2016). Este documento significó un giro en la política desarrollada hasta entonces hacia Malvinas, que busca favorecer instancias de cooperación con RU alentando la presencia de las empresas petroleras extranjeras en la región. En clara sintonía con ello y en el marco de la Ronda 1 del Concurso Público Internacional Costa Afuera, Tullow Oil, una empresa hidrocarburífera de origen británico, que ya había participado en exploración offshore en Malvinas, se le concedió 3 áreas en la Cuenca Malvinas Oeste (Bernal y Gerez, 2019).

A modo de conclusiones señalamos, en concordancia con los cambios ocurridos en sistema internacional respecto al aumento de los actores privados y su visualización desde los estudios de las RRII, la pertinencia de estudiar el rol de las empresas privadas petroleras en Malvinas.

Observamos que en el marco de la disputa bilateral con RU se suman los intereses de los actores no estatales complejizando aun más dicha situación. Estos actores privados con capacidad de acción intervienen el curso de los acontecimientos, ya que su presencia implicó un desafío para el estado argentino y otorgó mayor visibilidad a la pugna por la explotación de los recursos naturales.

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