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Costa, Macron y Macri: los riesgos de la política europea


Por Gustavo Insaurralde



Al pronunciar su discurso frente a jóvenes e invitados especiales, el primer ministro de Portugal, António Costa, defendió el eventual acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Para el jefe de gobierno portugués, el bloque es un espacio de coordinación comunitaria, especialmente en materia económica y, como tal, una forma de compartir los riesgos comunes. La visita de Costa, que como dato de color comparte el mismo signo político del Secretario General de la ONU, parece responder a una política exitosa de (re)inserción argentina y resalta el interés mutuo de los países europeos. Esto se suma a la espera del traspaso de la presidencia del G20 de Alemania a Argentina y a la formalización de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE.

La llamada de Macri al presidente de Francia, Emmanuel Macron, responde a esta lógica de conjugar objetivos estratégicos globales de una política occidentalista junto con la dinamización de la estructura económica conllevada a través de la inversión extranjera. Esta posición encarna riesgos productivos y estratégicos: productivos porque afectan el desempeño de sectores sensibles pero también con sectores altamente competitivos; estratégicos por la circunscripción de las opciones en política exterior bajo una definición de la política internacional como una esfera estrictamente económica. El nombramiento del embajador Faurie Como Canciller parece conjugarse con esa lógica.

La conversación con Macron es una metáfora de la puja en esta materia. ¿Por qué Francia es el país con mayor interés –no favorable, precisamente- en el acuerdo? El sector agrícola francés es el más grande de toda Europa, el que recibe más subsidios (el más grande en subsidios directos y el segundo en subsidios de protección de mercado) pero el menos productivo en comparación con sus socios (11vo regional de acuerdo a productividad por unidad según la Perspectivas de Política Agrícola de la UE 2017). A su vez, la proporción de población rural frente a la urbana es la más alta de toda Europa (17,3% de la población total es rural).

La cuestión rural fue un clivaje decisivo en las elecciones presidenciales y en las legislativas en Francia. Sumido en el debate mundialización/soberanía, el clivaje pasó por quien debería detentar el control de la política agraria. Macron, firme defensor de Bruselas, manifestó su decisión de modificar la actual Política Agrícola Común bajo un complejo sistema de mantenimiento de precios relativos y de compensaciones económicas para perdidas de mercado junto con la tecnificación y la formación técnica de los futuros agricultores. Esto modificaría de raíz el sistema dual de ayudas directas (por extensión de campos, por start up agrícolas de jóvenes agricultores, entre otras) y los programas de desarrollo de la infraestructura rural. A esto le suma el interés de forjar una agricultura de base orgánica para 2020 y el fortalecimiento del sistema de certificación de origen de la producción local.

Teniendo en cuenta los documentos de la Comisión de Agricultura de la UE, Argentina es el tercer proveedor de productos agrícolas para el bloque después de Estados Unidos y Brasil. Si la presión del lobby agrícola, grande pero improductivo y dependiente de las ayudas comunitarias, hace mella, el acuerdo no hará más que afectar al único sector transable competitivo argentino, más cuando el actual presidente francés no solo defiende sino que fortalece el cúmulo de subvenciones que protegen a este rubro.

El Acuerdo de Libre Comercio parece ser hijo de la óptica económica de la nueva administración en su mirada sobre la política exterior. Como contraparte, esta óptica requiere de una visión mucho más amplia que permita una transmutación que no cierre la posibilidad de fortalecer otros campos de cooperación interbloque.

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