• Observatorio de Política Exterior Argentina

Argentina y el régimen internacional de equidad de género

Por Gustavo Insaurralde



En la reunión sobre igualdad de género realizada en el marco de la 70º Asamblea General de Naciones Unidas, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha exhortado a la comunidad internacional a “derrumbar tabúes y prejuicios” para terminar con la discriminación hacia las mujeres (ampliar en APEA 10 y APEA 12 en www.opeargntina.org). A su vez ha resaltado políticas sociales de su gobierno que han mejorado las condiciones materiales de las mujeres.

Es interesante este planteo para evaluar lo acontecido con las políticas de equidad de género como tema de política exterior. El organismo encargado de velar por estas políticas es la Comisión Nacional de las Mujeres, inserta dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Esta comisión nació en el paquete de medidas de adaptación al nuevo alineamiento internacional con occidente, llevado a cabo por el presidente Carlos Menem (Rusell y Tokatlian, 2013; Escudé, 1992 ; López, 2007). Este organismo sería, como muchos otros (ver Cambio Climático, todos hablan de ti), la adaptación de regímenes internacionales al ámbito local. La CNM sería el brazo nacional de la CEDAW (Convención por la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, por sus siglas en inglés), el cual entre sus objetivos contaría con el monitoreo de las políticas nacionales, a la luz de los instrumentos internacionales legitimados constitucionalmente en el año 1994, dentro de un proceso que autores como López (2007) y Novaro (2000) denominan reinstitucionalización.

Según Rodríguez Gustá y Caminotti (2010), el derrotero argentino en políticas de equidad de género ha sido totalmente fragmentario. Las autoras reconocen avances en políticas de acción afirmativa, es decir, políticas que incentivan la participación política de las mujeres (como la ley de Cupo Femenino de 1991, junto con los decretos que reglamentan la ley del año 1993 y 2000), pero consideran que no se han llevado políticas transversales de equidad de género. Este tipo de políticas velan por el monitoreo y coordinación interministerial e interinstitucional (que integre diversos ámbitos subnacionales) para fomentar la inserción de mujeres en la gestión estatal, a la vez de fomentar un efecto derrame hacia las esferas económicas y sociales.

Al mismo tiempo, el PNUD reconoce avances legislativos sobre temas de violencia contra las mujeres, como la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres, derechos sexuales y reproductivos y legislación laboral, a pesar de la falta de estadísticas oficiales en ciertos ámbitos.

Organismos como el Fondo de Desarrollo de la Mujer de la ONU han reconocido que Argentina está llevando a cabo sus compromisos internacionales de forma laxa. De esta manera, conviven el discurso y cierta intencionalidad política de derrumbar tabúes y prejuicios, junto con estrategias fragmentadas y la búsqueda de cumplir con las obligaciones internacionales relacionadas a este régimen. Se trata de un tema pendiente para las gestiones que vendrán.

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